Desde hace varios años ha resultado alarmante el nivel alcanzado por el delito de robo de mercancías durante su transporte dentro del territorio mexicano. Si bien no es un fenómeno exclusivo de nuestro país (economías tan sólidas como la alemana, también acusan cifras crecientes de este tipo de eventos, a pesar de sus modernas autopistas y la eficiencia de su policía), sí resultan preocupantes las tendencias observadas en los últimos años a nivel nacional, donde las cifras reportadas sólo en 2017, se elevaron en un 80% respecto del año inmediato anterior y representan anualmente, una pérdida superior a los 90 mil millones de pesos.

Tradicionalmente los estudiosos de la actividad del transporte, habíamos identificado la vulnerabilidad del modo carretero, tanto por su mayor participación en el movimiento de carga para traslados de largo, corto y medio recorrido, así como su alta exposición al riesgo a través de los caminos y calles del territorio nacional con regiones claramente señaladas como las más propensas a este tipo de ilícitos, generalmente aquellas que conectan con puertos marítimos y fronterizos.

Sin embargo, ahora nos enfrentamos a un fenómeno que ya ha invadido otros modos considerados más seguros como el caso del ferroviario, donde si bien antes de la privatización de los años 90 se registraban robos aprovechando la detención de los convoyes en estaciones o a la entrada de los sitios de descarga, ahora penosamente debemos dar cuenta de asaltos directos a este medio de transporte, mediante prácticas como el descarrilamiento de trenes. Actos que no sólo atentan contra las mercancías sino que también, contra los bienes propiedad de la nación y contra la seguridad de las personas que se encuentren cercanas a las zonas donde se cometen los actos vandálicos.

Las mafias organizadas han encontrado en estas actividades fuera de la ley, un negocio redondo, habida cuenta de que el poder de compra de los consumidores mexicanos ha disminuido de manera real desde hace muchos años, lo que se traduce en un campo fértil para ofrecer productos robados a precios muy por debajo de los del mercado formal. Mientras haya demanda, la oferta de mercancías robadas por esta indeseable vía, seguirá en crecimiento.

Baste mencionar como ejemplo, el caso del robo de autopartes que se extendió rápidamente en la Zona Metropolitana del Valle de México contra los vehículos estacionados en la vía pública, donde en unos segundos desvalijaban cualquier unidad. El alto costo de su reposición en las agencias de marca o en las refaccionarias, orillaba a los conductores agraviados, a ir a buscar sus autopartes al centro neurálgico del delito: las tristemente célebres colonias Buenos Aires e Iztapalapa, donde por una porción del precio de mercado “recuperaban” lo robado.

La cadena del suministro ilícito que era promovida por la compra masiva de partes robadas, fue felizmente desarticulada atacando precisamente los puntos de venta plenamente identificados, mediante acciones de investigación e inteligencia, reforzadas con operativos conjuntos, coordinados entre autoridades judiciales, preventivas y fiscales.

Lo que ocurre actualmente, tiene su origen por una parte en la apertura comercial y económica de México a nivel mundial, lo que entre sus efectos indeseables, ha traído como consecuencia la presencia y desarrollo de mafias organizadas que ya rebasan el ámbito local, apoyadas en la permisividad históricamente mostrada por las autoridades ante la presencia de grupos delictivos a lo largo y ancho del país, aunado a la incapacidad y desorganización de los cuerpos policiacos, gravemente agravada por la corrupción reinante dentro de ellos. A lo anterior, ha contribuido de forma exponencial, el nuevo esquema de Justicia Penal recientemente aprobado en nuestro país, donde los delincuentes tienen ahora diversas vías seudo-legales para evadir la acción de la justicia.

Otro factor no menos relevante, lo ha sido la apertura informática y el avance tecnológico de las comunicaciones, que al mismo tiempo que han permitido una penetración nunca antes vista en los distintos segmentos del mercado, también han sido un enorme caldo de cultivo para los delitos informáticos: fuga de información, intervención de sistemas gubernamentales y privados, suplantación de identidades, saqueo de cuentas bancarias, invasión a la privacidad y clonación de tarjetas entre muchos otros.

Estas prácticas reprobables, han incidido de manera negativa en el denominado costo-país, donde las operaciones mercantiles han debido enfrentar un importante sobrecosto en materia logística y de prevención, que necesariamente se traduce en el encarecimiento de los precios de los diferentes bienes y productos que se ofrecen al mercado. También, estos hechos han fomentado la creación y desmedido crecimiento de empresas y organismos privados, que ofrecen cuerpos y medidas de seguridad paralelos a las autoridades oficiales.

Todos los elementos descritos nos plantean un escenario altamente preocupante, no sólo en lo que se refiere al transporte de mercancías y sus cadenas logísticas, sino sobre toda la viabilidad económica del país, donde ahora la delincuencia en sus distintas formas y modalidades, se erige como un fenómeno imparable.

Es por ello que la sociedad en su conjunto debe plantearse una verdadera cruzada contra todo lo que resulte ilegal o fuera de la Ley, donde una primera acción debiera ser la de no adquirir ninguna mercancía o producto que se presuma de procedencia ilícita, ya que con esto se atacará directamente a los ingresos mal habidos.

Otras medidas, que el nuevo gobierno en ciernes deberá adoptar, es la del combate frontal a la corrupción, uno de los cánceres más arraigados en nuestro país y en el cual, todos los ciudadanos que nos consideremos honestos, debemos de contribuir a su definitiva erradicación.

Análisis por Sergio García