Uno de los temas más sensibles en la actualidad es el de las prácticas logísticas para el manejo de los energéticos. En efecto, desde 2004 cuando se llegó a la cifra récord de 3.4 millones de barriles promedio diarios, México ha venido reduciendo tanto su producción petrolera del denominado crudo como de los productos petrolíferos entre los que se encuentran los hidrocarburos y los petroquímicos. Baste decir que en el 2017, se llegó al nivel de producción de crudo más bajo desde 1980, cuando se registraron 1.94 millones de barriles diarios.

La demanda creciente por los productos petrolíferos en el país, ante el incremento de la población y de los vehículos de transporte, así como por la expansión de la industria pesada y manufacturera, ha debido satisfacerse a partir de la importación de combustibles, así como de los fertilizantes y otros químicos que son la base para la fabricación de numerosos satisfactores de la sociedad.

Las drásticas reducciones en la producción de crudo, han impactado por una parte, en una importante baja en los ingresos del gobierno y por la otra, en una reconfiguración de la industria, la cual ha debido transitar de una hegemonía oficial en la extracción, manejo, transformación, venta y distribución de petrolíferos, a un esquema de creciente apertura a la inversión privada, sustentada en la denominada Reforma Energética.

De ser un país históricamente exportador de crudo y autosuficiente en la producción de energéticos durante casi todo el siglo XX, en lo que va del presente siglo nos hemos transformado en un importador neto de productos como los fertilizantes, los hidrocarburos y el gas licuado de petróleo y del natural. Estos cambios en el mercado, lejos de beneficiar a los consumidores -como tanto se pregonaba en las campañas previas a la reciente reforma-, por el contrario ahora han impactado sensiblemente los bolsillos de la población, no sólo en la adquisición directa de los petrolíferos sino también de manera indirecta, en todos los bienes de consumo a los cuales les afecta el creciente costo del transporte y de los insumos.

Nos encontramos en el peor de los escenarios: nuestra producción de crudo registra los más bajos niveles de la historia reciente, nuestras refinerías operan al 60% de producción respecto de su capacidad instalada y sólo abastecen el 25% del consumo nacional de gasolinas y el 29% de las ventas de diésel.

Por lo que respecta al gas licuado de petróleo, su ritmo de producción cayó en los últimos 7 años a un ritmo de 12.5% promedio anual, mientras que la producción de diésel registra una tasa de caída en el mismo periodo, de 5.5% y la de gasolinas lo hizo a una tasa promedio del 4.4%.

Las importaciones petroleras del país pasaron de 4 mil 700 millones de dólares en el año 2000 a un máximo de 31 mil millones en 2012, para descender a casi 20 mil millones de dólares en 2016.

De manera paralela, como efecto de la liberalización de los precios y la eliminación de los subsidios de los energéticos, el valor de mercado del litro de gas licuado de petróleo, al momento de redactar este artículo, ya rebasa los 12 pesos y el de la gasolina magna está por llegar a los 20 pesos, lo cual explica también que el robo de hidrocarburos muestre una tendencia alarmante de crecimiento en los últimos meses, a la que se suma de manera recientemente, la del robo del gas licuado de petróleo.

Ante esos inquietantes escenarios, la logística para la importación, almacenamiento y distribución de hidrocarburos constituye un importante mecanismo para incidir en una reducción del precio para los consumidores y en el incremento de la seguridad ante los robos. Sin embargo, si el propio Gobierno Federal, no ha sido capaz de frenar los actos ilícitos en detrimento del patrimonio propiedad de la nación, ¿cómo hará frente a la delincuencia para garantizar que los flujos de productos importados por la iniciativa privada no sufran el embate del crimen organizado?

En fin que nos enfrentamos como país y como sociedad a un enorme reto para la próxima administración sexenal. Por una parte, es preciso incrementar las inversiones de PEMEX en aquellos renglones donde se pueda esperar una rápida recuperación, como puede ser el incremento de la extracción de crudo y en el uso eficiente de la capacidad instalada de refinación, así como su eventual crecimiento.

Por el otro lado, se requiere recuperar el estado de derecho para abatir los robos y la comercialización ilícita de los hidrocarburos, así como para garantizar la seguridad de los negocios lícitos relacionados con el manejo y venta de los energéticos.

Desde el punto de vista técnico-logístico, el manejo de la importación de los hidrocarburos por su alto volumen, precisa de modos de transporte como el barco o el ferrocarril o una combinación de ambos para llegar a las denominadas Terminales de Almacenamiento y Distribución (TAD). También es usual, sobre todo para PEMEX, que los combustibles lleguen a puertos y de ahí se transporten vía ductos hasta las TAD situadas en puntos estratégicos para su distribución por autotransporte, hasta las estaciones de despacho y servicio.

De la misma forma, existen ductos interiores a nivel nacional que conectan las refinerías con las TAD mencionadas para la conducción de los hidrocarburos producidos en México. Por su alta peligrosidad e índice de inflamabilidad, los combustibles ya sea líquidos o gaseosos deben manejarse en terminales especialmente equipadas para la recepción, almacenamiento y embarque de distribución hacia las estaciones expendedoras.

También los vehículos de transporte deben cumplir con las NOM establecidas, tanto para su construcción y especificaciones técnicas, como para su correcto señalamiento durante su travesía de origen a destino. Por ello resulta muy alarmante que la delincuencia en su afán de obtener pingues ganancias haga un manejo altamente irresponsable de los combustibles y especialmente del gas, cuyos efectos ya sea al inhalarlo o por su explosión y combustión puede causar severas lesiones e incluso la muerte de aquellas personas que estén expuestas a sus efectos indeseables.

En fin, que este renglón del abastecimiento y la logística de los energéticos representa un enorme reto para la próxima administración federal, la cual deberá atender esta problemática con un enfoque multifactorial.

Escrito por: Sergio García