México cerró el año de 2016 con la incertidumbre sobre qué tipo de cambios se harían en la previsible renegociación o ampliación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el principal instrumento jurídico que regula las relaciones entre los tres países de la región desde 1994.

De darse estas negociaciones, hay tres sendas básicas: modificar la apertura en el comercio de productos y servicios; profundizar el contenido de otros capítulos del tratado, y/o adicionar disciplinas que no fueron contempladas hace unos 25 años, cuando se negoció para entrar en vigor en 1994.

Modificar los aranceles en el comercio de productos entre los tres países es sumamente complejo. Primero porque prácticamente todos los impuestos a importación entre México, Estados Unidos y Canadá tienen tasa cero, de modo que sólo pueden ser modificados a la alza.

Otro aspecto es que la Administración de Comercio Internacional (ITA, por su sigla en inglés), un organismo autónomo e independiente de Estados Unidos, debe elaborar un estudio sobre el impacto de cualquier cambio al TLCAN antes de ser aprobado. Dado que imponer aranceles podría afectar las cadenas de valor regionales, es probable que tal estudio concluya que esto afectaría la competitividad de Estados Unidos.

“El TLCAN tiene un equilibrio muy bien trabajado; empezar a abrirlo sería una locura, porque se desbarata. No se puede abrir, porque las cosas se empiezan a caer como fichas de dominó”, advirtió Herminio Blanco, quien fue el Jefe Negociador de ese documento por parte del gobierno de México.

Pero si la negociación entre los gobiernos es difícil para que en términos técnicos encuentren un nuevo balance, todavía sería más complicado aprobar estos cambios, en el ámbito político, por los respectivos congresos.

Otro punto relevante radica en el relativo poco margen para elevar los aranceles. Si no existiera el TLCAN, Estados Unidos cobraría a México un arancel promedio de Nación Más Favorecida (NMF) de 3.5%, que es el que las aduanas estadounidenses aplican a los más de 150 miembros de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a excepción de aquellos con los que ese país opera acuerdos comerciales bilaterales o regionales.

En la OMC, cada nación establece topes a sus aranceles y está obligada a dar a todos la condición de NMF, expresión que parece sugerir que se trata de algún tipo de trato especial para un país determinado, pero que en realidad significa cobrar sus respectivas tarifas a la totalidad de miembros por igual.

En un foro en el Senado de México, Eduardo Solís, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), informó que los autos producidos en México e importados por Estados Unidos llevan un contenido de 40% de partes y componentes fabricados en plantas estadounidenses.

Solís destacó también que de todas las partes automotrices importadas por Estados Unidos, 33% provienen de México.

“Elevar los aranceles a México significa elevar los aranceles a los proveedores de las plantas automotrices establecidas en Estados Unidos”, comentó Solís.

Si Estados Unidos denunciara el TLCAN y quedara fuera del mismo, esto sólo le permitiría aumentar 2.5% los impuestos a la importación de automóviles y 15% a las camionetas pick up, de las cuales México es el único proveedor externo del mercado estadounidense.

El alza de las los aranceles afectaría las cadenas de valor regionales, en un entorno en el que el tamaño y la integración del comercio de mercancías entre los tres países son destacados. México Estados Unidos y Canadá exportaron entre sí 1 billón 156,000 millones de dólares en 2015.

Durante ese año, del todas las exportaciones de México al mundo, 81.2% se dirigieron a Estados Unidos y 2.8% a Canadá. De todas las exportaciones de Estados Unidos, 18.6% se enviaron a Canadá y 15.7% a México. Y de todas las exportaciones de Canadá, 76.7% fueron a Estados Unidos y 1.3% a México.

Finalmente, al incrementarse los aranceles entre las tres naciones, beneficiarían a los países fuera del área del TLCAN que exportan bienes a América del Norte, dado que afectarían a sus productores locales frente a sus competidores extraregionales.

En una segunda arista, el TLCAN pudiera profundizarse en los rubros de inversión, servicios financieros, telecomunicaciones, propiedad intelectual, medio ambiente y trabajo.

Esos cambios, de hecho, fueron contemplados en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), un tratado de libre comercio entre 12 naciones, incluidos Estados Unidos, Canadá, México y Japón.

Tal modificación indirecta fue cancelada luego de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sacaría a su país de ese acuerdo el primer día de su mandato presidencial.

El tercer tipo de cambio consistiría en adicionar al TLCAN capítulos como los de comercio electrónico, apoyo a pequeñas y medianas empresas exportadoras, competitividad, coherencia regulatoria, desarrollo, anticorrupción, facilitación del comercio y empresas propiedad de Estados, lo cuales fueron también incluidos en el TPP.

Una alternativa adicional sería modificar las reglas de origen del TLCAN, lo cual se ha hecho en los últimos años con cambios enfocados a flexibilizarlas y, con ello, facilitar la importación de insumos a América del Norte. Uno de los objetivos expresos de estos cambios es que dan mayor competitividad a las empresas productoras de bienes finales.

El Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) propuso cambiar las reglas de origen del TLCAN, pero en sentido inverso, haciéndolas más rígidas, para obligar a incrementar el valor agregado de los productos comercializados con preferencias arancelarias entre México, Estados Unidos y Canadá.

Fernando Ruiz Huarte, director general del Comce, dijo que esta iniciativa se la presentaron a Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, destacándole que esto incrementaría las ventas de insumos, partes y componentes producidos en América del Norte.

Al Comce están adheridas unas 2,000 empresas, las cuales contribuyen con alrededor de 45% del total de las exportaciones de mercancías de México.

Las reglas de origen se refieren al criterio pactado en un Tratado de Libre Comercio (TLC) para definir cuándo un bien es considerado originario (por su nivel de contenido regional) para gozar de las preferencias arancelarias.

Escrito por: Roberto Morales