En nuestro país existen 49 aduanas ubicadas no sólo en las fronteras, sino también en puertos marítimos y zonas interiore. En estos 49 puntos, se desarrolla un movimiento intenso de flujos de personas y mercancías.

En materia portuaria, México esta estratégicamente ubicado como una plataforma logística ya que cuenta con 11,000 kilómetros de costa que se dividen en tres grandes zonas: Pacífico Norte, Pacífico Sur y Golfo de México y el Caribe. De acuerdo con el Sistema Portuario Mexicano, se cuenta con 102 puertos y 15 terminales fuera de los puertos. 

En este sentido, en el año 2018, la gestión de carga por puertos mexicanos llegó a 240 millones 188 mil 924 toneladas, lo que representa un flujo comercial significativo al igual que el flujo que presentan las aduanas fronterizas e interiores que aproximadamente representan un ingreso anual de 900 mil millones de pesos. Sin embargo y lamentablemente, no estamos exentos a diversos riesgos, no solo por el crimen organizado y la ilegalidad sino también por los flujos migratorios que se han venido dando en ciertas fronteras, provocando en conjunto, ciertos conflictos de seguridad.

Derivado de lo anterior y para reforzar la seguridad y el combate a la corrupción en las aduanas y puertos, en julio de 2020 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la puesta en marcha de la estrategia que contempla incorporar diversos elementos de la SEDENA y la SEMAR a estos puntos estratégicos para el país y, como ya se mencionaba, para el mantenimiento de la seguridad nacional.

El discurso de nuestro actual presidente referente a dicha estrategia causó demasiado revuelo en diferentes sectores involucrados, desde el gobierno federal, las administraciones portuarias y aduaneras y hasta el sector privado, ya que dicha estrategia se entendía como una militarización y en ese sentido, constitucionalmente, no era posible ni aceptable.

Al respecto, tanto el presidente como el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazaron dicha afirmación sobre la militarización y explicaron que no hay cambio de Ley y la administración de las aduanas seguirá siendo de personal civil. Ahora bien, la presencia del orden militar en las aduanas con motivos de seguridad pública siempre ha existido y un ejemplo de ello, es el convenio de colaboración suscrito por el SAT con la SEDENA[1] en 2018, que además sigue vigente.   

No obstante lo anterior, el Senado aprobó el nuevo proyecto (minuta) enviado por la Cámara de Diputados, por medio del cual se amplían las atribuciones de la SEMAR y a la SEDENA a fin de formalizar su autoridad marítima nacional en costas, puertos recintos e instalaciones portuarias, así como ampliar sus atribuciones en otras funciones. Con estas modificaciones, la SEMAR podrá ejercer autoridad no solo en zonas marítimas mexicanas sino también en recintos y terminales portuarios.

Entre las primeras acciones, el SAT formalizó los nombramientos de 17 directores generales de las Administraciones Portuarias Integrales (API) como parte de la reorganización administrativa y las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina dispusieron ya de dos mil 203 elementos en 65 instalaciones portuarias y aduaneras en el país.

Ahora bien, aunado a lo anterior, la Administración General de Aduanas (AGA) trabaja conjuntamente con otras instancias gubernamentales, no solo con las antes mencionadas, para combatir la corrupción y tener un mejor control de puertos y aduanas. De esta forma, habrá que entender que hay distintos actores involucrados en la entrada y salida de mercancías, y el sector privado también tiene un juego importante, tales como los Agentes Aduanales.

Al respecto de la decisión tomada por el presidente Andrés Manuel,  los Agentes Aduanales de México reconocen que las aduanas son estratégicas para la seguridad nacional y en este sentido, se pronunciaron a favor de esta estrategia para garantizar la seguridad; recalcando que de lo más importante era emitir el marco normativo que correspondiera con la decisión tomada respecto a las aduanas y puertos, así como realizar un trabajo conjunto con las dos Secretarias involucradas para coordinar acciones en lo que respecta el despacho aduanero.

Igualmente y con el objetivo de sumar esfuerzos contra la corrupción, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales (CAAAREM) firmó un Convenio con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el pasado octubre, que además incluye los temas de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en las aduanas.

En los últimos años, la prevención y el combate al lavado de dinero, así como al financiamiento del terrorismo ha sido una de las principales prioridades de la comunidad internacional. En este sentido, México ha realizado distintos avances para reforzar y fortalecer -en primera instancia- la IUF de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) pero también ha emitido diversas disposiciones en materia de prevención aplicables para las consideradas actividades vulnerables, dentro de las cuales está involucrado el despacho aduanero de ciertas mercancías,  a cargo de los Agentes Aduanales.

La corrupción es un tema que debe atenderse con mucho empeño ya que, como lo contempla la Organización Mundial de Aduanas (OMA), hay efectos adversos como el fraude fiscal, las malas prácticas en las aduanas y entre otros que laceran la economía, razón por la que -en este sentido- el esfuerzo de todos los involucrados es de suma importancia.

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[1] Convenio suscrito en 2018, en el que mil 139 efectivos militares “proporcionan seguridad física” en las 44 instalaciones aduaneras que existen en el país, “sin sustituir las funciones del personal a cargo del recinto fiscal”

Escrito por Libertad Rivera